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El desafío del cambio climático
El cambio climático representa uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad, con consecuencias tanto para el bienestar actual como el de las futuras generaciones. La necesidad de transformar nuestro sistema productivo para que sea más respetuoso con el medio ambiente es urgente y requiere de una acción decidida para la mitigación y adaptación al cambio climático y para aprovechar las oportunidades de modernización y transformación tecnológica que conlleva este proceso. En este contexto, la Ley 7/2021, de 21 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética responde al compromiso asumido por España a nivel internacional y europeo y posiciona en el centro de las políticas públicas la lucha contra el cambio climático y la transición energética, reconociéndolos como factores clave para construir el futuro y generar nuevas oportunidades.
Proyecto Europeo para combatir el cambio climático
Para llevar a cabo esta transformación, es necesario movilizar financiación e inversiones a gran escala. Siguiendo el Acuerdo de París, es fundamental garantizar que todos los flujos financieros sean coherentes con un desarrollo resiliente al clima y libre de emisiones de carbono. A nivel europeo, se ha respondido a esta necesidad mediante el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles, que se basa en tres pilares:
- El primer pilar se enfoca en la taxonomía, que busca definir las actividades que contribuyen de manera sustancial a los objetivos de sostenibilidad, sin perjudicar a otros objetivos y cumpliendo con salvaguardias sociales.
- El segundo pilar se basa en el desarrollo de herramientas como los índices de referencia climáticos de la UE y el estándar del bono verde, con el fin de promover la adopción de estos objetivos en el mercado.
- El tercer pilar se centra en la divulgación de información para reducir las desigualdades informativas y permitir que el mercado evalúe la eficacia de los instrumentos utilizados para lograr los objetivos medioambientales. Dentro de este tercer pilar de finanzas sostenibles, se encuadran dos normas europeas.
- - Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- - La Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (Directiva CSRD, por sus siglas en inglés).
Nueva Directiva de sostenibilidad
El objetivo principal de la Directiva CRSD es adaptar la normativa comunitaria para mejorar los problemas detectados en las normativas anteriores, centrándose en los siguientes aspectos:
Ampliar el ámbito de aplicación, vemos que se incluye:
- Grandes empresas, independientemente de si cotizan en bolsa o no.
- Pequeñas y medianas empresas (PyMES) que hayan emitido valores en mercados secundarios regulados de la UE. Estas empresas tienen requisitos de presentación de informes menos rigurosos y plazos adicionales para adaptarse a las nuevas obligaciones.
- Empresas de seguros y entidades de crédito, dada su importancia en la transición hacia un sistema económico y financiero sostenible.
- Filiales o sucursales establecidas en España, cuya empresa matriz o entidad de control se encuentre fuera de la Unión Europea.
Regular en mayor detalle el contenido del informe de sostenibilidad. Aquí es donde juegan su papel los artículos 19bis y 29 bis de la CRSD y los ESRS elaborados por el European Financial Report Advisory Group (EFRAG), el cual asesora a la Comisión Europea como órgano técnico.
Elaboración del informe en formato electrónico, para promover la digitalización de los datos a nivel europeo.
Regular las condiciones de verificación. La anterior directiva solo exigía que el auditor comprobara que se hubiera facilitado el estado de información no financiera en el informe de gestión y se dejó a elección de los Estados Miembros que pudieran exigir que un prestador independiente de servicios de verificación verificara la información del estado de información no financiera. En España se adoptó esta opción, pero no se desarrolló normativa para regular esta función de verificación. Ahora la nueva CRSD si regula las condiciones de verificación.
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Implementación en España y Rol del ICAC en la Transposición de la Directiva de Sostenibilidad.
La Directiva de Sostenibilidad establece en su artículo 5, apartado 1, el plazo para la transposición por parte de los Estados Miembros, que concluye el 6 de julio de 2024.
Desde el inicio de la preparación de la nueva directiva, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha desempeñado un papel activo en los trabajos preparatorios de la CRSD y en el proyecto legislativo para su implementación a nivel nacional.
En relación con los trabajos preparatorios de la CRSD, el ICAC participó en los grupos de trabajo de la Comisión Europea durante la redacción del texto. Tras la publicación de la CRSD en diciembre de 2022, comenzó la cuenta atrás para iniciar los trabajos de transposición en España. En este contexto, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue designado como el departamento responsable del proyecto, contando con la estrecha colaboración del ICAC en los trabajos preparatorios de dicha transposición.
Nueva Directiva de sostenibilidad
- Participación en comités de trabajo de la Comisión Europea para la transposición de la directiva europea.
- Colaboración en el Board de Sostenibilidad para el desarrollo de los ESRS.
- Creación del Comité Consultivo de Sostenibilidad, un órgano asesor del Consejo de Información Corporativa compuesto por expertos de reconocido prestigio en la materia.
Fases de Transposición:
El proceso de transposición se inició con una Consulta Pública Previa en febrero de 2023, con el objetivo de obtener observaciones y comentarios de los afectados por la nueva Directiva. En este documento se definieron los objetivos, problemas a solucionar y opciones nacionales de transposición.
Tras analizar los comentarios recibidos, se elaboró un primer borrador que fue revisado por diversos departamentos ministeriales. Posteriormente, se abrió la Audiencia Pública en mayo de 2023, donde se publicó el primer borrador del proyecto y se recibieron opiniones de partes interesadas.
Actualmente, el proyecto se encuentra en tramitación, a la espera del informe del Comité Asesor. Se prevé su aprobación en el primer trimestre de 2024, aunque las fechas exactas aún están pendientes de confirmación.